Ana Carmen Sosa Cravioto, una empresaria mexicana de 35 años sobre la que pesaba una alerta roja de Interpol por presunto lavado de activos, fue aprehendida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza cuando intentaba embarcar hacia Chile. Hija de Gerardo Sosa Castelán —exrector y expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo—, la mujer residía en la provincia desde finales del año pasado, donde desarrollaba actividades en el sector vitivinícola y cultural. Tras haber sido alojada inicialmente en un penal federal, la Justicia mendocina le otorgó la prisión domiciliaria en Luján de Cuyo mientras se tramita su proceso de extradición a México.
Las repercusiones diplomáticas y las actuaciones judiciales en torno a la detención cobraron fuerte notoriedad este domingo 27 de septiembre de 2026 en los Tribunales Federales de Mendoza. El juez de la Cámara Federal, Juan Ignacio Pérez Cursi, modificó la medida cautelar inicial dictada por la jueza María Paula Marisi y dispuso que la imputada cumpla arresto domiciliario con custodia policial hasta la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico. La decisión generó el inmediato rechazo de la Embajada de México en Argentina, desde donde advirtieron sobre los antecedentes de fuga de la acusada para eludir la causa abierta en 2020 por la Fiscalía General de su país sobre transferencias de fondos no declarados.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Ana Carmen Sosa Cravioto en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo por una orden de captura internacional.
La empresaria está acusada en México de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados a fondos universitarios.La Cámara Federal de Mendoza le otorgó la prisión domiciliaria en Luján de Cuyo a la espera de su trámite de extradición.
El proceso de extradición continuará bajo la supervisión de los Tribunales Federales de Mendoza en medio de los reclamos de la diplomacia mexicana.
