El Tribunal Supremo de España confirmó la suspensión cautelar del derecho al sufragio para más de 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos». La resolución judicial frena su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre, luego de hacer lugar de forma parcial a un recurso presentado por los partidos Vox e Iustitia Europa.
El fallo establece que solo podrán ejercer el voto aquellos nacionalizados que acrediten documentalmente mediante certificación consular que sus ascendientes sufrieron exilio efectivo por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual. La medida deja sin efecto provisional la interpretación amplia aplicada desde 2022 por el Ministerio de Justicia y ha generado fuertes cuestionamientos desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que anticipó la apelación ante el Tribunal Constitucional.
