El gobierno de la provincia de Mendoza, a través de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, efectuará una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro del juicio iniciado en 2022 por la distribución de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. La medida responde a la emisión del Decreto 982/2026, el cual restituyó a la provincia cuyana la percepción del 100% de dichos recursos, dejando sin efecto la norma de 1973 que los repartía en partes iguales con La Pampa. La estrategia jurídica mendocina readecuará la demanda para mantener firme el reclamo por los retroactivos adeudados por la Nación y solicitará la inhibitoria del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien emitió una cautelar suspendiendo temporalmente los efectos del nuevo decreto.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, impulsará esta semana dos acciones legales estratégicas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del litigio iniciado en 2022 por las regalías generadas por el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles. A partir de la promulgación del Decreto 982/2026 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el cual derogó el esquema del Decreto 1560/73 que distribuía los fondos en partes iguales con La Pampa, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno mendocinas readecuarán formalmente su demanda ante el máximo tribunal. Según detalló el fiscal de Estado, Fernando Simón, Mendoza mantendrá la exigencia sobre el pago retroactivo de los fondos no percibidos durante décadas, suma que en diciembre de 2021 ascendía a $67.338 millones sin actualizar. Asimismo, la presentación solicitará a la Corte que asuma la competencia originaria del expediente y dicte la inhibitoria del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien dictó una medida cautelar frenando provisoriamente la aplicación del articulado del nuevo decreto nacional.
El escrito judicial remarca que el reclamo económico por la diferencia en la liquidación de regalías pasadas se encuentra dirigido contra el Estado Nacional en su carácter de ente liquidador.
En relación con el trámite procesal en el máximo tribunal, la Corte Suprema dio traslado a la provincia de La Pampa en agosto pasado para que intervenga en la causa bajo la figura de tercero.
La representación legal de Mendoza fundará el pedido de inhibitoria en que las disputas entre estados provinciales y la administración central son de competencia exclusiva del máximo tribunal del país.
Los equipos técnicos de la Fiscalía de Estado ultimarán los borradores de la presentación para su elevación formal durante las próximas horas.
