El Poder Ejecutivo de Mendoza promulgó la Ley 9735 que establece el nuevo Régimen Especial Penal Juvenil y aprueba un Código Procesal Penal Juvenil propio para la provincia, adecuando la normativa local a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La medida, oficializada tras su sanción legislativa, reestructura el abordaje judicial y administrativo de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
La legislación reorganiza la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), que operará con dos divisiones principales: la Unidad de Privación de Libertad Juvenil y la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad (UMA). Asimismo, se crea la figura del Supervisor Especializado para el seguimiento individualizado de los procesos en territorio y se garantiza el acceso obligatorio a la educación formal en centros de internación, prohibiendo expresamente sanciones disciplinarias que afecten la continuidad pedagógica o los derechos fundamentales.
