La medida fue dictada por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, al dar lugar a un hábeas corpus preventivo de organizaciones sociales. La magistrada sostuvo que el Estado provincial carece de la infraestructura necesaria para alojar el aumento previsto de menores detenidos. Tras la resolución, Patricia Bullrich apuntó duramente contra el gobernador Axel Kicillof.
A solo 48 horas de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional —que fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años y establece condenas de hasta 15 años de prisión—, la Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender de manera cautelar su aplicación en territorio bonaerense por un plazo de 60 días. La resolución fue adoptada por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien fundamentó su fallo en la colapsada infraestructura del sistema de encierro local y en la imposibilidad de garantizar condiciones de detención acordes con los tratados internacionales. La decisión desencadenó una fuerte controversia política, con críticas directas de los bloques oficialistas hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof.
El fallo judicial responde a una presentación realizada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entidad que promovió un hábeas corpus preventivo en representación de los adolescentes actualmente sometidos al sistema penal o en riesgo de ser aprehendidos bajo la nueva normativa.
Los ejes centrales que articulan el dictamen y las repercusiones políticas abarcan:
- Incapacidad operativa y edilicia: La jueza Pascual argumentó que la ampliación del universo punible provocará un sobrepoblación inmediata en los centros sociocomunitarios de contención e institutos de menores de la provincia, los cuales ya operan al límite de su capacidad.
- Deficiencia de recursos interdisciplinarios: El fallo advierte sobre la escasez de personal profesional, insumos materiales y herramientas de abordaje integral necesarias para dar cumplimiento a las exigencias convencionales en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
- Plazo de adecuación: El congelamiento por 60 días tiene por objeto emplazar a las autoridades provinciales y del Poder Judicial a evaluar el diseño de programas de contención técnica que eviten el hacinamiento y garanticen los estándares mínimos de derechos humanos.
- Cruce político e institucional: La medida generó la inmediata reacción de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien acusó al Ejecutivo bonaerense y a la magistratura provincial de sostener una doctrina «garantista» que desprotege a las víctimas del delito.
Desde el sector judicial argumentan que la medida busca evitar un colapso operativo inminente en los juzgados de responsabilidad juvenil y centros de detención del Conurbano.
La suspensión preventiva de la norma abre un paréntesis de dos meses en el distrito más poblado del país, obligando a entablar discusiones de fondo entre las administraciones nacional y provincial respecto a la financiación y los recursos reales requeridos para poner en marcha el nuevo sistema penal juvenil.
