El profesor Hugo Efraín Oyola Amaya recibió una pena de seis años y cuatro meses de prisión tras admitir los hechos en un juicio abreviado. Pese a haber sido condenado en 2017 por el mismo delito, las fallas de control estatal y del sistema educativo le permitieron mantenerse al frente de aulas con niñas de 10 y 11 años.
La Justicia de Mendoza condenó a seis años y cuatro meses de prisión a Hugo Efraín Oyola Amaya (61), un docente de primaria hallado culpable de abusar sexualmente de ocho alumnas en una escuela del departamento de Guaymallén. La sentencia expone una grave falla en los mecanismos de control e inhabilitación del sistema educativo provincial: el acusado ya registraba una condena firme por abusos contra menores emitida en 2017 y, aun así, continuó ejerciendo la docencia sin restricciones hasta su detención a finales de 2024.
El fallo fue dictado por el juez Luis Correa Llano, integrante del Tribunal Penal Colegiado N° 2, mediante la modalidad de juicio abreviado, instancia en la que Oyola Amaya admitió la autoría de los hechos. El tribunal lo declaró culpable del delito de abuso sexual agravado por su condición de encargado de la educación y guarda de las víctimas.
Los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria N° 1-471 Tomás Alva Edison, ubicada en el barrio Santa Ana de Guaymallén, donde el condenado dictaba las asignaturas de Matemática y Ciencias Naturales a alumnos de quinto grado. Según la causa judicial, las víctimas —niñas de entre 10 y 11 años— sufrieron tocamientos impúdicos reiterados durante el dictado de las clases.
La investigación formal se inició en octubre de 2024 a partir de las denuncias presentadas por un grupo de padres. El 31 de ese mismo mes, efectivos policiales detuvieron al docente en pleno horario lectivo y dentro del propio establecimiento escolar. Aunque la imputación inicial abarcaba cuatro casos, las citaciones del Ministerio Público Fiscal permitieron recolectar testimonios que sumaron otros cuatro hechos a la acusación final.
Además de la pena privativa de la libertad, la resolución judicial impuso a Oyola Amaya la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la docencia en cualquier nivel y ordenó la extracción de muestras biológicas para la incorporación de su perfil genético al Registro Provincial de Huellas Genéticas.
El aspecto institucional más crítico del caso radica en los antecedentes del imputado. En mayo de 2017, Oyola Amaya había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple, también agravado por su rol de educador. A pesar del dictamen judicial, no se ejecutaron los filtros administrativos correspondientes para apartarlo de forma definitiva de la actividad escolar, permitiendo que permaneciera al frente de aulas con menores de edad durante más de siete años hasta la nueva ola de denuncias.
