Un relevamiento nacional elaborado por el Proyecto Mirar —iniciativa impulsada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la organización Ibis Reproductive Health— reveló que durante 2025 se realizaron 3.370 procedimientos de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en la provincia de Mendoza. La cifra se enmarca en un total de 87.603 intervenciones informadas por 20 jurisdicciones del país, ratificando una tasa de acceso estable en relación con años anteriores. El reporte advierte sobre un ajuste del 57% en el presupuesto del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación entre 2023 y 2026, situación que obligó a las autoridades provinciales mendocinas y de otros 12 distritos a financiar la adquisición de misoprostol y mifepristona con recursos propios para evitar desabastecimientos en la red pública.
Los resultados del monitoreo anual sobre la implementación de la Ley 27.610 fueron presentados oficialmente este lunes 28 de septiembre de 2026 en Buenos Aires. De acuerdo con el informe técnico, la provincia de Mendoza consolidó una red de 122 efectores públicos de salud dedicados a garantizar la prestación, con una destacada participación del primer nivel de atención y la incorporación de profesionales obstétricas para la prescripción médica desde la sanción del Decreto Provincial 2088/24. La investigación contrasta el retiro del financiamiento y del rol rector del Estado nacional con el compromiso presupuestario de las administraciones subnacionales para sostener los servicios sanitarios y el suministro de anticonceptivos.
Mendoza registró 3.370 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en 2025 mediante financiamiento enteramente provincial.
El Ministerio de Salud de la Nación redujo un 57% el presupuesto de salud sexual, recortando un 93% la cobertura de anticonceptivos.La provincia absorbió la compra de insumos farmacológicos y amplió el rol de las obstétricas, quienes realizaron el 47% de las prestaciones.
El estudio del CEDES resalta que la descentralización de la atención en centros de salud permitió que 9 de cada 10 procedimientos se resolvieran de forma ambulatoria durante el primer trimestre de gestación.
