El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un duro comunicado en respuesta a la guía publicada por Londres para respaldar a las compañías que operan en las islas. El Gobierno argentino confirmó que ya envió 180 notas de advertencia, mantiene 60 sumarios administrativos abiertos e inició tres denuncias penales contra firmas vinculadas a la explotación petrolera en la cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno nacional rechazó de manera categórica la guía publicada por el Reino Unido dirigida a respaldar e incentivar la radicación de empresas e inversores en las Islas Malvinas. A través de un comunicado emitido por la Cancillería, la Casa Rosada ratificó que la legislación argentina continuará aplicándose «con todo su rigor» sobre las firmas que operen en la plataforma continental sin la correspondiente autorización. En la misma presentación, el Palacio San Martín informó el estado de las acciones legales iniciadas hasta el momento, las cuales incluyen el envío de casi 180 advertencias formales a personas físicas y jurídicas de 30 países, la tramitación de 60 sumarios administrativos y la presentación de tres denuncias penales interpuestas por la Sindicatura General de la Nación contra 10 empresas e directivos de la industria energética.
La reacción oficial se produjo luego de que la administración británica difundiera un documento marco en el que desconoce la jurisdicción argentina sobre el archipiélago y promete asistencia legal y financiera a las empresas que enfrenten reclamos o penalidades dispuestas por los tribunales locales. Frente a esto, la diplomacia argentina recordó la vigencia de las leyes 26.659 y 26.915 —reforzadas por el Decreto 868/2026— que facultan la imposición de inhabilitaciones y sanciones a toda la cadena de suministros, incluyendo aseguradoras, contratistas e instituciones financieras que brinden cobertura a emprendimientos no autorizados en el Atlántico Sur.
El foco de la controversia recae en el proyecto petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Ante el avance de las licencias de exploración otorgadas por las autoridades ilegítimas de las islas, la Cancillería convocó formalmente a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para hacer entrega de las objeciones normativas y diplomáticas correspondientes. Asimismo, el reclamo argentino invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual prohíbe la adopción de medidas unilaterales de modificación del statu quo mientras persista la disputa de soberanía.
Desde la Secretaría de Malvinas e Islas del Atlántico Sur remarcaron que el despliegue de actividades extractivas genera un impacto potencialmente irreversible sobre los recursos naturales del país, al tiempo que reiteraron la disposición del Estado argentino a retomar las negociaciones bilaterales con Londres para hallar una solución pacífica al diferendo.
Las denuncias penales y las acciones sumariales continuarán su curso ante los juzgados federales competentes para ampliar la responsabilidad legal sobre las corporaciones involucradas.
