El Parlamento mendocino aprobó de forma definitiva el régimen impositivo impulsado por la gestión de Alfredo Cornejo. La norma establece un marco de beneficios fiscales en Sellos e Ingresos Brutos destinado a las entidades financieras que acuerden refinanciaciones con plazos de amortización no menores a 24 meses y topes en las tasas de interés.
La Legislatura de Mendoza aprobó de manera definitiva el proyecto de ley de alivio financiero promovido por el Poder Ejecutivo provincial, el cual busca ofrecer una vía de regularización a cerca de 270 mil mendocinos registrados en situación de morosidad. La votación en la Cámara Alta concluyó con 33 sufragios a favor y un solo voto en contra, otorgando luz verde a un paquete de medidas que busca frenar la acumulación de pasivos no pagados, especialmente los contraídos mediante plataformas y billeteras virtuales. La ley faculta a la provincia a condonar el Impuesto de Sellos en las renegociaciones de deuda y a reducir la alícuota de Ingresos Brutos al 5% para aquellos acreedores que liquiden los contratos a un plazo mínimo de 24 meses con una Tasa Nominal Anual que no supere el 40%.
Los fundamentos del proyecto destacan que, sobre un total de 870 mil CUIT operativas en el sistema crediticio provincial, casi un tercio registra irregularidades en sus compromisos financieros. El bloque oficialista, encabezado en el debate por el senador Martín Kerchner, remarcó la necesidad de utilizar las atribuciones tributarias de la provincia para evitar el sobreendeudamiento y la consecuente exclusión de individuos y pequeñas empresas del circuito formal de crédito. La norma alcanza no solo a quienes ya presentan atrasos, sino también a deudores al día que requieran modificar los plazos de cumplimiento.
El proceso parlamentario no estuvo exento de críticas por parte de los bloques opositores respecto del trámite sobre tablas. Si bien sectores del peronismo acompañaron la votación al considerarla una herramienta de contención inicial, advirtieron sobre el impacto de las tasas que cobran las aplicaciones financieras y responsabilizaron al contexto macroeconómico por el deterioro del poder adquisitivo. Por su parte, el legislador Dugar Chappel fundamentó su voto negativo sosteniendo que los incentivos benefician de forma directa a las entidades crediticias sin resolver el problema de fondo vinculado a la usura.
Con la sanción legislativa completada, las entidades bancarias y las firmas del sector fintech podrán estructurar los programas de refinanciación bajo los parámetros fijados por el esquema normativo mendocino.
El Poder Ejecutivo instrumentará la reglamentación técnica de la ley a través de la oficina de ingresos públicos para habilitar el inicio de las gestiones entre acreedores y deudores.
