El juez federal Juan José Baric otorgó una medida cautelar interina a la gestión de Sergio Ziliotto, suspendiendo los artículos clave del Decreto 982/2026. La resolución frena de manera preventiva la decisión de la Casa Rosada de otorgar la totalidad de las regalías hidroeléctricas a la provincia de Mendoza, restituyendo el esquema de coparticipación de recursos vigente desde 1973.
El Juzgado Federal de Santa Rosa hizo lugar a la medida cautelar interina interpuesta por la gobernación de La Pampa y dispuso la suspensión de los efectos del Decreto 982/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretendía asignar el 100% de las regalías generadas por el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles a la provincia de Mendoza. La resolución signada por el juez Juan José Baric paralizó la aplicación de los artículos 3 y 4 de la norma dictada por el presidente Javier Milei, ordenando que se mantenga el régimen de distribución de fondos que rige entre ambas jurisdicciones desde 1973. La presentación judicial había sido impulsada este lunes por indicación del mandatario pampeano Sergio Ziliotto, al considerar que la decisión del Gobierno nacional vulnera derechos históricos sobre el recurso hídrico compartido de la cuenca del río Atuel.
La controversia administrativa y judicial se intensificó luego de la publicación del decreto nacional, el cual dejaba sin efecto un esquema de distribución de divisas que durante más de cinco décadas repartió los beneficios del complejo entre ambas provincias. Para justificar la medida en favor de la administración mendocina, la Casa Rosada argumentó que las regalías hidroeléctricas deben ser liquidadas exclusivamente en la jurisdicción donde se sitúa la fuente de generación efectivamente aprovechada.
Por su parte, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo había anunciado la reformulación de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cobro retroactivo de fondos que considera mal liquidados por el Estado Nacional, con una pretensión económica que asciende a los 680 millones de dólares.
Sin embargo, el fallo del tribunal de Santa Rosa congela la reestructuración del sistema de pagos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo relativa a la constitucionalidad del decreto dictado por el Ejecutivo central.
La Procuración del Tesoro de la Nación y el gobierno de Mendoza alistan sus presentaciones para apelar la medida cautelar ante la Cámara Federal correspondiente.
