El diputado Maximiliano Ferraro solicitó informes al Ministerio de Economía tras revelar que la firma Southern Energy, aprobada para un proyecto de GNL por US$ 2.825 millones, incluye entre sus accionistas a Harbour Energy, compañía inhabilitada en 2013 por explorar ilegalmente en la plataforma continental argentina.
En medio del reciente anuncio oficial sobre el endurecimiento de sanciones a empresas que exploten recursos en el Atlántico Sur, una fuerte polémica salpica la aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció públicamente que el Gobierno benefició con este esquema a la empresa Southern Energy, cuyo paquete accionario está integrado en un 15% por Harbour Energy, una compañía que arrastra una inhabilitación legal para operar en la Argentina hasta 2028 por haber realizado tareas de exploración petrolera no autorizadas en el archipiélago de Malvinas.
La presentación realizada ante el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y la Secretaría de Finanzas pone bajo la lupa la Resolución 559/2025, mediante la cual se aprobó la adhesión de Southern Energy al RIGI para desarrollar un megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) en las costas de Río Negro, con una inversión estimada de US$ 2.825 millones.
Los puntos centrales de la controversia y la trazabilidad de la sanción abarcan:
- Antecedente y sanción vigente: En 2013, la Secretaría de Energía aplicó la Ley 26.659 e inhabilitó por 15 años a Premier Oil PLC por ejecutar tareas ilegales en la Cuenca de Malvinas Norte.
- Continuidad jurídica: En 2021, tras un proceso de fusión con Chrysaor, Premier Oil cambió su denominación social a Harbour Energy PLC conservando el mismo número de registro societario en el Reino Unido. Según Ferraro, el cambio de nombre no extingue la sanción firme que rige hasta 2028.
- Composición del consorcio: Southern Energy está conformada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). La firma proyecta operar dos buques de licuefacción con capacidad para procesar hasta 27,5 millones de metros cúbicos diarios de gas.
- Cuestionamiento opositor: Desde el bloque legislativo remarcaron que ningún acto administrativo de menor jerarquía puede anular una inhabilitación legal previa y exigieron saber si el Palacio de Hacienda revisará la habilitación otorgada.
Mientras desde sectores de la industria argumentan que la sanción habría sido revisada luego de que Harbour Energy se desvinculara del proyecto Sea Lion en 2022 vendiendo sus activos a la israelí Navitas Petroleum, la oposición remarca la contradicción del Ejecutivo al promover el endurecimiento de penas mientras convalida beneficios impositivos a firmas con antecedentes en la zona disputada.
El pedido de explicaciones formalizado en el Congreso compromete la narrativa oficial sobre la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur y obliga al Palacio de Hacienda a dictaminar si suspende los beneficios del RIGI para la operadora o ratifica el marco de inversión extranjera aprobado.
