El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la suspendida diputada provincial Janina Ortiz solicitaron acceder a un juicio abreviado en la investigación penal por las «cooperativas truchas». A través de su representación legal, los exfuncionarios municipales ofrecieron declararse culpables del delito de peculado por el desvío de más de $35 millones a cambio de penas de prisión en suspenso. De homologarse el acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua reabriría el proceso en la Cámara de Diputados de Mendoza para definir la expulsión definitiva de Ortiz y la cobertura de la vacante.
La negociación iniciada por la defensa técnica de la pareja política ingresó este jueves 24 de septiembre de 2026 en etapa de evaluación por parte de la fiscalía interviniente en la provincia de Mendoza. El planteo defensivo propone una condena condicional de dos años para Orozco y de tres años para Ortiz, buscando englobar también un expediente paralelo por amenazas coactivas. Tras la confirmación de la elevación a juicio dispuesta por la jueza Dolores Ramón, el gobernador Alfredo Cornejo en su rol de querellante a través de la Dirección de Cooperativas celebró el reconocimiento implícito de culpabilidad de los imputados y respaldó la fijación de una sanción condenatoria.
Los informes elevados por la fiscalía de instrucción detallaron que las maniobras fraudulentas cometidas entre 2021 y 2023 involucraron contrataciones irregulares dirigidas a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra.
Las fuentes parlamentarias de la provincia cuyana indicaron que una sentencia firme sobre la legisladora suspendida derivaría en su renuncia forzada o en el inicio de un expediente de expulsión por inhabilidad moral.Las listas de sucesión electoral de la alianza La Unión Mendocina ubican a la Dirigente del PRO María Belén Castillo en la línea jerárquica para asumir el escaño legislativo en caso de declararse la vacancia.
El Ministerio Público Fiscal y el juzgado de garantías resolverán la validez constitucional de la propuesta formulada antes de fijar las pautas de inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos.
